No todo empleo recibe salario ni prestigio.
Buenos Aires, marzo de 2026
La consigna “trabajadoras somos todas” volvió a poner sobre la mesa una discusión que el mercado, la política y hasta buena parte del lenguaje cotidiano han intentado reducir durante décadas: qué cuenta realmente como trabajo y quién tiene autoridad para nombrarlo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el debate recuperó una tensión vieja, pero ahora más expuesta por la fatiga social, la precarización y la sobrecarga cotidiana que atraviesa a millones de mujeres dentro y fuera del empleo formal. Lo que emerge no es solo una reivindicación simbólica, sino una disputa concreta por reconocimiento económico, legitimidad cultural y poder de definición sobre la vida diaria. En ese terreno, llamar trabajo únicamente a lo remunerado empieza a parecer menos una categoría neutral que una forma histórica de exclusión.
La potencia de esa discusión radica en que desordena una frontera que muchos sistemas productivos consideran funcional: la que separa el trabajo visible del invisible. Durante años, cocinar, limpiar, sostener afectivamente un hogar, cuidar niñas, niños, personas mayores o enfermas, y administrar la logística íntima de una familia fue tratado como una obligación moral femenina, casi como una extensión natural del género y no como una actividad que consume tiempo, energía, capacidades y salud mental. Sin embargo, cuando ese mismo conjunto de tareas se observa con una mirada económica y social más rigurosa, el argumento cambia por completo. Ya no se trata de “ayuda” ni de “amor puesto en práctica”, sino de una infraestructura silenciosa sin la cual ninguna economía podría operar con estabilidad.
Ahí se encuentra el nervio político del lema. Decir que todas son trabajadoras no significa borrar diferencias entre una ejecutiva, una obrera, una docente, una empleada doméstica, una cuidadora o una mujer desempleada que sostiene una casa en condiciones de extrema presión. Significa reconocer que el sistema distribuye valor de manera desigual mientras depende, al mismo tiempo, de una masa de esfuerzo cotidiano que rara vez remunera de forma justa. Esa paradoja es especialmente aguda en América Latina, donde el trabajo de cuidados no remunerado sigue recayendo de manera desproporcionada en las mujeres y termina condicionando trayectorias educativas, disponibilidad laboral, ingresos, descanso y autonomía. El resultado no es solo desigualdad económica, sino una arquitectura del tiempo profundamente asimétrica.
Lo más interesante del debate es que desplaza la conversación feminista desde el terreno exclusivamente identitario hacia una crítica más estructural del modo en que se organizan producción, reproducción social y prestigio público. En otras palabras, no se trata únicamente de visibilizar a las mujeres, sino de cuestionar por qué ciertas tareas sostienen la vida sin recibir el mismo reconocimiento que otras que sostienen el capital o la jerarquía institucional. Esa pregunta incomoda porque obliga a revisar no solo salarios y políticas públicas, sino también imaginarios culturales muy arraigados. Una sociedad puede repetir que valora a las madres, a las cuidadoras y a las trabajadoras, pero si no redistribuye tiempos, ingresos y cargas concretas, ese reconocimiento se vuelve retórico.
El debate cobra todavía más fuerza en un momento en que distintos gobiernos, empresas y corrientes ideológicas promueven discursos de mérito individual como si todas las personas partieran del mismo umbral material. Allí aparece una distorsión central: el mérito suele medirse sobre resultados visibles, no sobre el costo oculto de alcanzarlos. Una mujer que combina empleo remunerado con jornadas extendidas de cuidado compite en condiciones radicalmente distintas frente a alguien descargado de esas responsabilidades. Por eso la desigualdad no se expresa solo en el sueldo o en el acceso al empleo, sino en la pobreza de tiempo, en el cansancio acumulado y en la imposibilidad de convertir el esfuerzo en movilidad real. El trabajo invisible no solo sostiene hogares, también subsidia silenciosamente al resto de la economía.
Además, la frase “trabajadoras somos todas” funciona como correctivo frente a una segmentación que a veces fractura incluso las propias agendas de género. Cuando el feminismo se limita a las élites profesionales o a los techos de cristal corporativos, corre el riesgo de dejar en penumbra a quienes enfrentan pisos pegajosos mucho más duros: informalidad, dependencia económica, maternidades sin red, cuidado intergeneracional y empleos de baja protección. El valor de esta consigna está en recordar que la experiencia laboral femenina no se agota en la oficina ni en la representación institucional. También vive en la cocina, en el transporte público, en el aula, en el hospital, en el comercio, en la casa ajena y en la propia, donde muchas veces termina la jornada formal y empieza otra que no figura en ninguna nómina.
Esa mirada, sin embargo, no debería romantizar el sacrificio. Convertir la sobrecarga en virtud moral ha sido una de las trampas más persistentes de la cultura contemporánea. Se aplaude a la mujer que “puede con todo”, pero se deja intacta la estructura que la obliga a poder con todo. De ahí que el verdadero alcance político de esta discusión no dependa solo de la visibilidad discursiva del 8 de marzo, sino de la capacidad de traducirla en sistemas de cuidado, licencias, corresponsabilidad masculina, protección laboral y nuevas métricas sobre bienestar y productividad. Mientras eso no ocurra, el reconocimiento seguirá siendo parcial y el homenaje anual funcionará más como alivio simbólico que como transformación material.
En el fondo, la fuerza de este debate reside en algo más incómodo que una consigna coyuntural. Obliga a admitir que buena parte del orden social descansa sobre tareas que fueron naturalizadas precisamente para no ser plenamente pagadas, medidas ni compartidas. Llamarlas trabajo no es un gesto semántico menor, sino una forma de disputar el mapa del valor en la vida contemporánea. Y cuando una sociedad empieza a discutir seriamente quién trabaja, cuánto trabaja y bajo qué condiciones ese esfuerzo merece reconocimiento, lo que está en juego ya no es solo la agenda del Día de la Mujer, sino la definición misma de justicia en el siglo XXI.
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