Phoenix 24
Cada vez que un convoy se detiene en la frontera, la distancia entre el alimento y la hambruna se mide en horas, no en kilómetros.
Gaza /Rafah, 2 de agosto de 2025 — El sol despunta sobre la explanada polvorienta de Kerem Shalom y, entre el zumbido de los drones y el estruendo lejano de la artillería, permanece intacto un paisaje casi inmóvil: miles de palés con harina, arroz y suero terapéutico apilados bajo lonas blancas a la espera de una autorización que no llega. Israel exhibe las mercancías como prueba de que «la ayuda está ahí»; Naciones Unidas replica que apenas una fracción logra cruzar la verja y que, en el camino, la burocracia, la inseguridad y el colapso logístico convierten cada caja en un botín inalcanzable para los 2,2 millones de palestinos atrapados en la Franja.
Desde marzo, la entrada diaria de camiones oscila en torno a setenta, muy lejos de los cuatrocientos que, según la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, serían necesarios para evitar el hambre masiva. El cuello de botella empieza en la puerta: todos los cargamentos deben pasar por escáneres de rayos gamma, verificación manual de doble capa y una lista de exclusión que abarca desde generadores eléctricos hasta tuberías de PVC. Un lote rechazado por contener paneles solares retrasa el convoy completo; otro queda varado porque un palé fue mal etiquetado en El Cairo. Cada error administrativo se traduce en días de espera y toneladas de alimentos que se echan a perder bajo el calor.
Palestinos suben a camiones en busca de suministros de ayuda que ingresaron a Gaza a través de Israel en Beit Lahia, norte de la Franja de Gaza, el 1 de agosto de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
A la burocracia se suma el riesgo físico. Desde enero, al menos 900 civiles han muerto intentando alcanzar los llamados “puntos de distribución seguros” señalados por el Ejército israelí en Rafah y Deir al-Balah. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch califican esos enclaves de “trampas letales”: zonas sin cobertura, a campo abierto, donde francotiradores han disparado contra multitudes desarmadas que se abalanzan sobre sacos de harina. Los convoyes escoltados por la Media Luna Roja tampoco están a salvo; varias ambulancias han sido alcanzadas por fuego de artillería cuando intentaban evacuar heridos.
Israel defiende que la limitación de pasos responde a razones de seguridad nacional y acusa a Hamás de desviar combustible y medicinas. Sin embargo, informes de la UNRWA y del Comité Internacional de la Cruz Roja confirman que el 96 % de los cargamentos son gestionados directamente por organismos internacionales y que la trazabilidad de cada caja queda registrada mediante códigos QR. “La narrativa del desvío sistemático es una excusa que disfraza un régimen de asfixia”, señala un funcionario de la ONU que coordina los envíos desde el Sinaí.
La crisis se agrava por la destrucción deliberada de la infraestructura civil: siete de las diez plantas potabilizadoras están fuera de servicio tras los bombardeos de junio; la red eléctrica funciona menos de tres horas al día, lo que impide conservar vacunas y hemoderivados. En los hospitales, los neonatólogos alimentan a los lactantes con jeringas improvisadas porque los biberones fueron catalogados como “plástico de doble uso” y bloqueados en frontera. La Organización Mundial de la Salud advierte que el 80 % de los niños menores de cinco años presenta signos de desnutrición aguda y que la mortalidad infantil se triplicará si no aumenta el flujo de suministros en las próximas semanas.
La dimensión política es igual de opaca. Tras el ultimátum de la Casa Blanca exigiendo a Israel “pasos tangibles” para facilitar la asistencia, Washington nombró al magnate inmobiliario Steve Witkoff como enviado especial para “coordinar esfuerzos”. Su visita relámpago a Rafah concluyó en fotografía y retórica, pero sin un plan verificable. La UE, por su parte, anunció un corredor marítimo desde Chipre que todavía no opera a plena capacidad; sus barcos han de pasar controles previos en Haifa y la descarga final depende de la frágil logística terrestre que Israel mantiene bajo llave.
A nivel regional, Egipto mantiene el paso de Rafah técnicamente abierto, pero la circulación es mínima. Los camiones se acumulan más de quince días en el Sinaí a la espera del visto bueno israelí, y los conductores pagan sobornos a grupos tribales para proteger sus cargas de saqueos. Catar y Turquía han financiado rutas aéreas que lanzan paquetes con paracaídas sobre la franja septentrional, un paliativo que —según el Programa Mundial de Alimentos— cubre “menos del 3 % de las calorías diarias necesarias”.
La paradoja es lacerante: hay ayuda, hay donantes y hay voluntad logística, pero la política del cerrojo convierte cada sacos de harina en una moneda geopolítica. Entre tanto, los gazatíes recurren a métodos precarios para sobrevivir: muelen pienso animal para hacer pan; beben agua salobre extraída de pozos contaminados; queman muebles para cocinar. Los médicos operan sin anestesia y rehidratan a los niños con suero casero.
Expertos del International Crisis Group advierten que el patrón actual conduce a un escenario de hambruna certificada antes de octubre si no se habilitan corredores humanitarios sostenidos, supervisados por observadores neutros y blindados ante la interferencia militar. Occidente teme que una apertura unilateral refuerce a Hamás, pero las ONG replican que la alternativa ya no es contención, sino colapso humanitario irreversible.
A poca distancia de Kerem Shalom, un trabajador palestino de 56 años resume la tragedia: “Vemos los camiones, olemos la harina, pero morimos con el estómago vacío”. En esa frase se condensa la realidad de una guerra donde el hambre se ha convertido en arma de negociación. Y mientras el mundo debate cifras, sellos y requisitos, la línea entre la política y el crimen humanitario se vuelve cada día más difusa.
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