Cuando las instituciones se quiebran, la impunidad encuentra su ruta.
Santa Cruz de la Sierra, septiembre de 2025. En un escándalo que expone las grietas del sistema institucional boliviano, cinco exfuncionarios del Servicio General de Identificación Personal (Segip) deben responder ante la justicia por haber facilitado documentos de identidad bolivianos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La acusación no solo sacude las bases administrativas del país, también coloca en el centro del debate público la fragilidad del Estado frente a las redes del crimen organizado.
La denuncia fue presentada por el entonces director del Segip, Alpacino Mojica, quien reveló que los servidores investigados ingresaron al organismo en abril de 2017 y fueron retirados en noviembre de 2023. Según los expedientes, durante su gestión habrían otorgado de manera irregular cédulas con identidad falsa a Marset, lo que le permitió moverse sin restricciones en territorio boliviano, participar en actividades deportivas con bajo perfil y fortalecer sus operaciones ilegales desde la sombra.
El juicio oral comenzó esta semana pero fue suspendido sin que se fijara nueva fecha, un hecho que despertó inquietud sobre la eficacia judicial. Mojica advirtió que se pedirá la pena máxima para los acusados, como señal de que el Estado no puede tolerar semejante nivel de complicidad. Sin embargo, la demora en el proceso alimenta la percepción ciudadana de que la corrupción y la impunidad logran, una vez más, instalarse en las rendijas de la justicia.
El caso se conecta con el oscuro historial de Sebastián Marset, acusado en distintos países de narcotráfico, lavado de activos y evasión de la justicia, e incluso vinculado al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Su capacidad para infiltrarse en sistemas de identificación y evadir controles se ha convertido en símbolo de cómo los vacíos institucionales son aprovechados por el crimen transnacional.
La dimensión del escándalo va más allá del Segip. La entrega irregular de documentos revela que organismos estatales diseñados para garantizar la identidad de los ciudadanos pueden convertirse en armas de encubrimiento cuando son debilitados desde dentro. En este caso, la frontera entre un trámite administrativo y un acto de complicidad criminal se desdibujó con consecuencias de alcance internacional.
El juicio, aunque en pausa, se presenta como una prueba de fuego para el aparato judicial boliviano. De su desenlace dependerá la credibilidad del Estado frente a la ciudadanía y frente a la comunidad internacional. Si el proceso avanza con sanciones firmes, se enviará una señal de que la corrupción no puede normalizarse. Pero si queda entrampado en dilaciones, la sociedad interpretará que la impunidad volvió a imponerse.
En el fondo, lo que se juzga no es solo la conducta de cinco exfuncionarios, sino la capacidad del Estado para proteger sus instituciones frente a la infiltración criminal. La ciudadanía exige respuestas, porque sabe que la debilidad en un área tan sensible como la identificación nacional abre la puerta a redes más amplias de tráfico, violencia y desestabilización.
La lucha por la legitimidad se juega también en los tribunales.
The visible and the hidden, in context.