Mario López Ayala, PhD
La censura moderna aprende a sonreír.
Ciudad de México, mayo de 2026
Toda época de incertidumbre política produce su propio vocabulario defensivo. Seguridad nacional, soberanía, estabilidad institucional, combate a la desinformación. Las palabras cambian, pero el mecanismo conserva una vieja familiaridad: primero se dibuja una amenaza difusa, después se agranda su sombra y finalmente se presenta una reforma legal como única barrera frente al caos. México parece entrar nuevamente en esa zona gris donde defender la soberanía empieza a confundirse con administrar el miedo público.
La llamada “Ley Monreal” no emerge en un vacío histórico. En 1933, Alemania aprobó la Ley Habilitante bajo el argumento de estabilizar al Estado. En 2001, Estados Unidos expandió sus capacidades de vigilancia con el Patriot Act tras los atentados del 11 de septiembre. En 2012, Rusia endureció su ley de “agentes extranjeros”, después utilizada contra medios y organizaciones críticas. Turquía aprobó en 2022 una legislación contra la “desinformación” señalada por abrir espacio a la persecución de voces opositoras. América Latina también conoce esa ruta: Venezuela impulsó en 2004 la Ley Resorte y Nicaragua endureció desde 2020 leyes de ciberdelitos y control sobre organizaciones civiles bajo argumentos de soberanía y orden público.
Los contextos son distintos, pero el patrón incomoda: el miedo social suele convertirse en permiso político. Un Estado puede necesitar herramientas para enfrentar operaciones extranjeras, campañas de manipulación o financiamiento ilícito. Pero el punto oscuro comienza cuando la amenaza deja de ser un hecho verificable y se convierte en una categoría política disponible. Ahí la ley deja de proteger a la democracia y empieza a proteger al poder de la incomodidad democrática.
México carga además con una memoria política que no conviene tratar como archivo muerto. Durante décadas, el viejo régimen no necesitó prohibir formalmente todas las voces críticas; bastaba administrar publicidad oficial, castigar económicamente, limitar accesos o convertir la crítica en riesgo profesional. Esa pedagogía del silencio no desaparece por decreto. Por eso una ley ambigua no se interpreta solo por su redacción jurídica, sino por el ecosistema de poder que podría aplicarla.
El punto más sensible no es únicamente la libertad de expresión, sino el efecto sobre la competencia democrática. Cuando periodistas, analistas, académicos o ciudadanos comienzan a preguntarse si ciertas opiniones pueden interpretarse como sospechosas, la autocensura ya empezó a trabajar. Y la autocensura es una forma sofisticada de control porque no necesita cerrar medios ni encarcelar masivamente opositores. Le basta instalar incertidumbre.
Ahí el INE entra como pieza crítica. Una democracia no depende solo de elecciones periódicas, sino de un entorno donde la ciudadanía pueda deliberar sin miedo y donde los árbitros institucionales operen sin presiones narrativas ni tentaciones de control político. Si una legislación altera el equilibrio entre soberanía informativa y libertad política, el daño no queda encerrado en el debate jurídico. Se filtra hacia la legitimidad misma del ecosistema electoral.
El componente tecnológico vuelve más delicada la discusión. La inteligencia artificial, los bots, los deepfakes y la hipersegmentación política representan amenazas reales para cualquier democracia contemporánea. Pero combatir la manipulación digital no puede convertirse en licencia para vigilar opinión legítima, perseguir disenso o confundir crítica política con injerencia extranjera. Ahí se abre la frontera incómoda de la geopolítica informativa: defender la verdad sin entregar al poder el monopolio de nombrarla.
La censura del siglo XXI rara vez se presenta como censura. Se presenta como protección, estabilidad y defensa de la patria. Pero cuando el Estado decide qué narrativa fortalece a la nación y cuál la amenaza, la democracia entra en terreno peligroso.
La democracia no muere solamente cuando se cancelan elecciones. También empieza a morir cuando opinar se vuelve sospechoso, cuando disentir exige cálculo y cuando el silencio parece más seguro que la palabra pública.
Mario López Ayala, PhD
Investigador y director de Phoenix24