Canadá ha anunciado la inclusión de siete organizaciones criminales, entre estas, varios cárteles de droga mexicanos, en su lista de grupos clasificados como terroristas. La medida se confirmó un día después de que Estados Unidos emitiera una designación similar. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó un proyecto de reforma constitucional para proteger al país contra la “intromisión extranjera”, en respuesta a la decisión del Gobierno de Donald Trump.
“Las organizaciones criminales transnacionales, incluidos los cárteles, desempeñan un papel clave en la producción y distribución de fentanilo en Canadá. Para erradicar esta amenaza, nuestro gobierno garantizará que la justicia disponga de todas las herramientas necesarias para desmantelar sus operaciones en nuestras comunidades”, declaró en conferencia de prensa David McGuinty, ministro canadiense de Seguridad Pública.
El funcionario no proporcionó detalles sobre las células criminales que ahora son consideradas terroristas en Canadá. Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Nueva Familia Michoacana y el grupo Cárteles Unidos están en la lista.
Los drones MQ-9A Reaper están equipados con sensores electroópticos e infrarrojos, sistemas de vigilancia marítima, equipos de monitoreo del espectro electromagnético y “varios paquetes de armas”.
Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, había anticipado la designación durante una reunión con la prensa. Esta semana, aclaró que la medida se aplicará exclusivamente en territorio canadiense, en respeto a la soberanía mexicana.
“Reafirmamos que Canadá y México son socios sólidos, aliados y amigos. Debemos colaborar más que nunca para enfrentar nuestros desafíos comunes. El consumo de fentanilo representa una crisis de salud pública en Canadá. La designación otorga a la Policía canadiense una herramienta adicional para combatir a estos grupos criminales. Nuestro país respeta plena e inquebrantablemente la soberanía mexicana”, subrayó.
Estados Unidos catalogó a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, del Noreste, del Golfo y la Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas globales. El Departamento de Estado sostiene que estas redes delictivas representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos del país. Esta decisión se dio a conocer tras la revelación de un programa encubierto con drones MQ-9 Reaper que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) opera en territorio mexicano para monitorear al crimen organizado.
Funcionarios actuales y anteriores, bajo anonimato, indicaron a diversos medios que estos vuelos fueron notificados al Congreso estadounidense mediante un informe reservado sobre operaciones encubiertas. Según estos informantes, la notificación no menciona a las fuerzas del orden mexicanas y los vuelos incursionan “hasta el interior del territorio soberano de México”. Trump ha justificado el programa argumentando que “México está controlado, en gran medida, por los cárteles de droga”.
Los convenios entre Estados Unidos y México permiten a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras agencias estadounidenses operar aeronaves en el espacio aéreo mexicano, en coordinación con las autoridades nacionales. Sin embargo, ninguna de estas dependencias tiene autorización para realizar operaciones armadas en territorio mexicano. Analistas advierten que esto podría cambiar tras la designación de los cárteles como grupos terroristas. Esta medida podría sentar las bases para futuras acciones militares directas y unilaterales contra estas organizaciones dentro de México.
México busca proteger su soberanía
En respuesta, la presidenta Sheinbaum ha presentado dos reformas constitucionales para evitar “una invasión a la soberanía” mexicana. También adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) intensificará sus demandas contra fabricantes y vendedores de armas estadounidenses, acusándolos de ser cómplices del terrorismo.
“Queremos dejar claro que no negociamos la soberanía. Esta designación no debe convertirse en una excusa para que Estados Unidos viole nuestra autonomía”, advirtió la mandataria. Sheinbaum aseguró que ambos países trabajan de manera coordinada en temas de seguridad. No obstante, precisó que la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no fue consultada con su administración.
El proyecto de reforma contempla modificaciones a los artículos 19 y 40 de la Constitución Mexicana. Su objetivo es blindar legalmente la soberanía nacional y establecer sanciones más severas contra quienes faciliten el tráfico de armas hacia México.
Esta orden ejecutiva tendría implicaciones globales, ampliaría la jurisdicción de los fiscales estadounidenses y podría tener un impacto significativo en la relación diplomática con México.
La adición al artículo 40 estipula que “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto extranjero que vulnere la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio, ya sea por tierra, mar, aire o espacio”. También establece que el país no permitirá intervenciones en investigaciones o procesos judiciales sin la autorización expresa del Estado mexicano.
Por su parte, la modificación al artículo 19 indica que cualquier persona, nacional o extranjera, “vinculada con la fabricación, distribución, comercialización, traslado o introducción ilegal de armas al territorio nacional” será sujeta a prisión preventiva oficiosa y se le impondrá “la pena más severa posible”.
En este contexto, Sheinbaum anunció que la SRE ampliará la demanda interpuesta en el sexenio anterior contra fabricantes y vendedores de armas estadounidenses, acusándolos de vender armamento de manera consciente a los cárteles mexicanos. “Dado este nombramiento, debe haber un vínculo entre quienes venden armas y estos grupos delictivos, ahora catalogados como terroristas por Estados Unidos. Por ello, ampliaremos la demanda para incluir la complicidad de quienes faciliten la introducción de armamento a nuestro país”, concluyó la presidenta. (W).