Bruselas, julio de 2025. En un movimiento que reorienta el rumbo de su política climática, la Comisión Europea presentó una enmienda a la Ley del Clima para 2040 que permite por primera vez el uso de créditos internacionales de carbono, adquiridos fuera de la UE, para cumplir con la meta de reducción del 90 % de las emisiones netas respecto a 1990. Estas compensaciones, que podrán emplearse a partir de 2036 y solo hasta cubrir el 3 % del objetivo total, deberán provenir de proyectos “de alta calidad” y contar con mecanismos rigurosos de verificación.
La medida, que introduce nuevas “flexibilidades” en un paquete que incluye aumentos en tecnologías de captura y eliminación de CO₂ dentro del mercado europeo de carbono, se presenta en un contexto de tensiones políticas. Gobiernos como Alemania y Francia han presionado por esta apertura, mientras que organizaciones ecologistas, respaldadas por el Consejo Científico Asesor del Clima de la UE, consideran esta vía una “licencia para contaminar” y advierten que podría debilitar la integridad climática del bloque.
El objetivo de reducción del 90 % para 2040, consolidado en la última versión de la futura legislación, confirma el compromiso estratégico de la UE hacia la neutralidad para 2050. Sin embargo, la inclusión de compensaciones internacionales, aunque limitada y regulada, genera críticas por poner en riesgo la acción doméstica y favorecer posturas conservadoras en países con menos exigencias internas. A ello se suma el contexto actual de olas de calor extremas en Europa, que refuerzan la urgencia de una respuesta local.
Desde la perspectiva industrial, la postura de Bruselas también busca proteger la competitividad de sectores estratégicos europeos sometidos a competencia global intensa. Medidas vinculadas, como el mecanismo de ajuste en frontera (CBAM), permiten amortiguar los costes para exportadores mientras se retiran gradualmente permisos gratuitos dentro del sistema de comercio de emisiones. Esta estrategia intersectorial y transnacional apunta a equilibrar presión ambiental y estabilidad económica.
El paquete presentado ahora entrará en la fase de discusión con los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo, que deberá aprobar la reforma antes de la próxima gran cumbre climática. Su éxito dependerá de la capacidad para garantizar que las compensaciones cumplan estándares rigurosos y no se conviertan en sustitutos de las inversiones internas en energía limpia.
Bruselas apuesta por una propuesta calificada de pragmática por instituciones como la Comisión y algunos gobiernos, aunque el futuro dirá si esa flexibilidad se transforma en un paso firme hacia la neutralidad o en una puerta abierta al retraso climático.
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