Una investigación federal destapa nexos entre el poder político local y el crimen organizado, mientras México enfrenta una crisis de impunidad sistémica
Ciudad de México, julio de 2025 — El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ha sido objeto de una ficha roja deInterpol desde el 16 de julio, tras ser acusado por la Fiscalía General de la República de ser presunto fundador de “La Barredora”, una organización criminal que operaba con poder desde el gobierno local. Bermúdez, quien ocupó el cargo entre 2019 y enero de 2024 bajo la administración de Adán Augusto López Hernández, abandonó el país el 26 de enero, según informó el Gabinete de Seguridad, y hoy es buscado internacionalmente en cooperación con fuerzas policiales de otros países .
La investigación revela acusaciones graves: tráfico de drogas, extorsión y colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Documentos filtrados y declaraciones del actual comandante militar en Tabasco indican que durante su gestión permitió zonas de fuerte violencia en buena parte por impunidad política. La orden de aprehensión data de febrero, aunque detalles como la fecha exacta de salida del país presentan divergencias en las versiones oficialesLatinus.
Este caso desnuda, una vez más, la penetración del crimen organizado en el aparato estatal. Bermúdez había desarrollado su carrera como funcionario desde los años noventa, escalando en el sistema penitenciario y policial hasta llegar a liderar la Secretaría de Seguridad. Su evolución desde figura publica a prófugo internacional acentúa las alarmas sobre redes paralelas con apoyo político y respaldo institucional.
La denuncia contra Bermúdez abre varios escenarios futuros. Si las autoridades consiguieran su captura y un juicio trasparente, el caso podría convertirse en un ejemplo de rectificación institucional y fortalecer la confianza en el combate contra la corrupción. Pero si el proceso se atasca en negociaciones oscuras o su extradición se demora, el caso reforzaría la sensación de impunidad y erosionaría aún más la legitimidad del sistema político mexicano.
También existe la posibilidad de un tercer desenlace: que la búsqueda internacional agrave la presión sobre otros funcionarios regionales, provocando nuevas renuncias y un efecto dominó en gobiernos estatales. En este escenario, el caso Bermúdez serviría de detonante para un cambio profundo en las redes clientelares que han permitido que el crimen penetre en el Estado.
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