Phoenix 24
Una amenaza indirecta de muerte contra Óscar Loza Ochoa mide el riesgo creciente que enfrentan los defensores en un contexto de violencia institucionalizada.
Ciudad de México, 2 de agosto de 2025 — Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, denunció públicamente haber recibido una amenaza velada contra su vida a través de una llamada telefónica dirigida a un familiar cercano. Durante la llamada, el interlocutor pronunció la inquietante frase: “Te llamo para darte el pésame por la muerte de tu padre”, tras creer inicialmente hablar con el propio Loza.
Óscar Loza Ochoa, denunció haber recibido una amenaza indirecta de muerte a través de una llamada telefónica. (FOTO: X:@CEDHSinaloa)
Este gesto intimidatorio se da en medio de una campaña sostenida de hostigamiento en su contra por parte de un grupo que se identifica como Guerreros Azules. Según Loza, lleva casi un año sufriendo discursos de odio, ataques reputacionales y presiones deliberadas que distancia su labor institucional.
Loza no dudó: presentó una denuncia penal formal ante la Fiscalía General del Estado y solicitó medidas de protección para él y su familia, incluyendo vigilancia en su domicilio y resguardo en las instalaciones de la CEDH. Señaló que no se trata solo de un ataque personal, sino de una intención política de desprestigiar la comisión que encabeza y afectar su independencia.
El contexto es más amplio: Sinaloa enfrenta una violencia estructural vinculada a la guerra interna del Cártel de Sinaloa, con rivalidades entre facciones como Los Chapitos y La Mayiza que han elevado los niveles de hostigamiento, extorsión y control social. La denuncia de Loza advierte sobre cómo estos entornos restringen el trabajo de defensores y activistas en una región en la que ejercer derechos humanos es cada vez más peligroso.
El contexto de la amenaza se presente en medio de movimientos de choque, inseguridad y un alza en extorsiones en Sinaloa. REUTERS/Fernando Brito
Expertos contactados por Phoenix24 coinciden en que este caso refleja la vulnerabilidad de funcionarios que representando institucionalmente los derechos ciudadanos, se convierten en blancos de campañas de desgaste. La respuesta del Estado, agregan, debe ir más allá del gesto legal: requiere garantías efectivas y mecanismos de protección institucional.
La llamada recibida el 15 de julio —un mensaje cargado de simbología letal— subraya la necesidad de actuar con urgencia. Garantías reales para defensores como Loza son fundamentales no solo para su integridad, sino para preservar el rol de la Comisión como organismo autónomo en un contexto de impunidad generalizada.
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