Phoenix 24
El líder del PRI responde con acusaciones ante la FGR y se dice víctima de una persecución política orquestada desde Palacio Nacional.
Ciudad de México, julio de 2025 — Alejandro “Alito” Moreno, senador del PRI y presidente nacional del partido, reaccionó con fuerza política y narrativa tras conocerse la solicitud formal de su desafuero promovida por la Fiscalía de Campeche. Lejos de asumir una defensa técnica, optó por una estrategia de confrontación directa: denunció penalmente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a legisladores federales y a altos funcionarios de Morena por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, abuso de poder y desvío de recursos públicos.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República, con el argumento de que, desde el poder ejecutivo y el partido gobernante, se construyó una maquinaria para debilitar a la oposición por vías extralegales y mediáticas. En su declaración pública, Moreno aseguró que daría la vida por defender la democracia mexicana, acusando que la solicitud de desafuero es “una maniobra burda” con motivación electoral.
La ofensiva de Moreno ocurre en un momento políticamente cargado. La Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados que retire el fuero al senador priista por su presunta participación en actos de corrupción y peculado cuando se desempeñó como gobernador de esa entidad. Sin embargo, en esta ocasión, la narrativa dominante no fue la de la Fiscalía, sino la respuesta articulada por el propio Alito, que se presenta como víctima de una persecución de Estado.
De acuerdo con su denuncia, los delitos atribuidos al presidente López Obrador y a los actuales dirigentes de Morena incluyen colusión con redes criminales, operaciones con recursos de procedencia ilícita y complicidad en el robo de hidrocarburos, mejor conocido como huachicoleo. El senador también señaló que detrás del intento de desafuero hay una intención de silenciar su voz como líder opositor, luego de que él mismo denunciara presuntos nexos entre actores políticos de Morena y bandas criminales del sur del país.
Moreno insiste en que el desafuero no es una acción jurídica legítima, sino un montaje político-mediático para debilitar al PRI y controlar el tablero legislativo rumbo a las definiciones clave de 2026. Asegura tener pruebas documentales, testimonios y registros bancarios que, según su equipo jurídico, serán presentados ante organismos nacionales e internacionales.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados deberá analizar la procedencia del caso, aunque el propio Moreno ha anticipado que no se someterá a un proceso que considera viciado desde su origen. Entre líneas, su mensaje al oficialismo es claro: no dará un paso atrás ni dentro ni fuera del Senado.
Este nuevo episodio se suma a una larga serie de confrontaciones entre el líder priista y la actual administración federal. En 2022, una denuncia similar por enriquecimiento ilícito quedó congelada en los vericuetos legislativos. Hoy, el enfrentamiento se eleva con acusaciones cruzadas que ya no solo se disputan en los tribunales, sino en la narrativa pública y los medios.
Mientras la Fiscalía espera respuesta del Congreso para activar el procedimiento de desafuero, Alito consolida una estrategia de guerra frontal contra Morena. No se trata ya solo de defender su fuero: busca reposicionarse como una figura de oposición disidente, disruptiva, y capaz de desafiar a la presidencia incluso desde la arena judicial.
Esta pieza fue desarrollada por el equipo editorial de Phoenix24 con base en fuentes confiables, datos públicos y análisis riguroso, en coherencia con el contexto global vigente.
This piece was developed by the Phoenix24 editorial team using reliable sources, public data, and rigorous analysis in alignment with the current global context.