Mario López Ayala, PhD
El poder real ya no siempre viste uniforme.
Ciudad de México, mayo de 2026. México no enfrenta únicamente una crisis de seguridad. En varias regiones, lo que se observa es una alteración más profunda: la autoridad pública conserva sus formas legales, pero ya no siempre conserva la capacidad plena de mandar. La “soberanía dual” planteada por Vanda Felbab-Brown permite leer esa fractura sin maquillaje: el crimen organizado dejó de ser solo enemigo del Estado y comenzó a operar, en ciertos territorios, como autoridad paralela. No es el fracaso total del Estado, sino su convivencia degradada con poderes que ya aprendieron a gobernar sin pedir permiso.
El punto incómodo no es que existan cárteles poderosos. Eso México lo sabe desde hace décadas. Lo verdaderamente decisivo es que millones de ciudadanos distinguen entre la autoridad que firma documentos y la autoridad que impone consecuencias. Cuando una comunidad sabe quién autoriza rutas, cobra cuotas, castiga desobediencias o decide qué negocios pueden operar, la soberanía ya no es una abstracción jurídica. Es una experiencia cotidiana de subordinación.
No se trata simplemente de zonas sin Estado. La fórmula es más opaca. Hay policías, alcaldías, ministerios públicos y elecciones, pero también reglas no escritas que condicionan la vida local. Esa es la soberanía fragmentada: poder formal visible, poder efectivo repartido. México no vive solo ausencia institucional; vive una administración competida del territorio.
En Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato o Sinaloa, la disputa ya no puede leerse únicamente como violencia entre grupos. También se expresa en rutas migratorias, cobro de piso, control de carreteras, presión sobre productores, extorsión comercial, economías agrícolas, huachicol, puertos, aduanas y corredores del fentanilo. El mapa criminal no sigue solo la lógica del narcomenudeo o del trasiego. Sigue la lógica del poder sobre los flujos.
En ese terreno aparece una autoridad condicionada. El gobierno puede entrar, declarar, prometer o desplegar fuerza, pero su margen real depende de equilibrios previos. En algunas regiones, el crimen no necesita sustituir por completo al Estado; le basta con limitarlo, intimidarlo o hacerlo funcional a sus intereses. Esa gobernabilidad negociada no siempre produce desorden absoluto. A veces produce una calma administrada por miedo.
El control territorial híbrido se expresa donde la legalidad convive con permisos informales. Allí los cárteles regulan circulación, comercio, información, movilidad y silencio. Una patrulla puede estar presente y, aun así, no ser el poder decisivo. Un alcalde puede gobernar y, aun así, no controlar las condiciones reales de gobernabilidad. El resultado no es únicamente violencia: es una administración paralela del orden.
La economía criminal también se volvió más sofisticada. Narcotráfico, fentanilo, extorsión, tráfico de personas, lavado inmobiliario, control agroalimentario, robo de combustible, minería ilegal y cobro de piso forman parte de una misma expansión adaptativa. El crimen entendió que el poder contemporáneo no consiste solo en disparar, sino en administrar flujos. Flujos de dinero, mercancías, miedo, protección y obediencia.
Por eso la lectura geopolítica es indispensable. Los cárteles mexicanos ya no son mafias locales encerradas en sus plazas. Son nodos de una economía ilícita global conectada con precursores químicos asiáticos, consumo estadounidense, armas transfronterizas, redes financieras y rutas migratorias continentales. México funciona al mismo tiempo como territorio, frontera, plataforma logística y laboratorio de gobernabilidad criminal.
La militarización ha intentado responder a esa expansión, pero no siempre reconstruye autoridad. Puede contener un episodio, capturar a un líder o recuperar temporalmente una zona, pero no necesariamente restaura confianza pública. Sin justicia funcional, policías confiables, inteligencia financiera y gobiernos locales no capturados, la fuerza entra al territorio como presencia armada, no como legitimidad. La diferencia es enorme.
La política queda atrapada en esa arquitectura. El crimen no necesita una ideología. Necesita acceso, protección, información y continuidad operativa. Por eso su relación con el poder público suele ser pragmática: no busca gobernar como partido, sino garantizar que quien gobierne no interrumpa sus circuitos. Allí comienza la captura funcional del territorio.
La consecuencia es una feudalización criminal del Estado. No porque México haya desaparecido como nación, sino porque su autoridad se distribuye de manera desigual, parcial y negociada. Hay lugares donde el gobierno manda, otros donde negocia y otros donde apenas administra los márgenes que le dejan. Esa geografía no siempre aparece en los mapas oficiales, pero sí en la memoria social de quienes conocen las reglas del lugar.
En el fondo, esta dinámica apunta hacia una privatización armada de la soberanía. La capacidad de decidir quién circula, quién comercia, quién calla y quién sobrevive deja de pertenecer exclusivamente al Estado. Se desplaza hacia organizaciones con coerción, dinero, inteligencia territorial y capacidad de castigo. El resultado es una especie de narcofederalismo informal: inexistente en la Constitución, pero operativo en la vida diaria.
México no está perdiendo únicamente seguridad. Está perdiendo capacidad de decidir quién ejerce autoridad real sobre su territorio. Esa pérdida no siempre ocurre con banderas tomadas ni palacios incendiados. A veces ocurre de forma más silenciosa: cuando el comerciante paga cuota, el migrante paga paso, el productor paga protección, el alcalde calcula silencios y la comunidad aprende que sobrevivir exige obedecer dos órdenes distintos.
La pregunta, entonces, no es si México tiene gobierno. Lo tiene. La pregunta es dónde, cómo y hasta qué punto ese gobierno conserva capacidad efectiva de mandar. Porque la soberanía no se prueba en ceremonias oficiales ni en discursos de control. Se prueba en la capacidad de proteger ciudadanos, imponer reglas, castigar delitos y sostener presencia legítima donde otros poderes ya aprendieron a gobernar desde la sombra.
México no enfrenta solo criminalidad organizada. Enfrenta una disputa por el principio mismo de autoridad. Y mientras el debate público siga llamando “inseguridad” a lo que ya funciona como poder paralelo, el diagnóstico seguirá llegando tarde. La soberanía dual no es una metáfora académica. Es la descripción de un país donde el Estado sigue gobernando, pero ya no siempre manda.
Mario López Ayala, PhD
Investigador y director de Phoenix24