Mario López Ayala, PhD
La intoxicación de poder no se anuncia con fanfarrias. Se delata en pequeños descuidos, en la manera en que alguien cruza una línea y el sistema decide mirar hacia otro lado. No es un grito: es una licencia. Y cuando esa licencia se repite, la desinhibición deja de ser un episodio para convertirse en método. Ahí comienza lo difícil de revertir: no el escándalo, sino la costumbre.
En política, la disciplina suele confundirse con obediencia. Pero no es lo mismo obedecer a un jefe que obedecer a una regla. En un régimen que se sabe fuerte, la disciplina institucional se va adelgazando sin que nadie lo declare. La ley permanece en el discurso, claro, pero cambia su función: ya no opera como límite, sino como ornamento. Se invoca para blindar, se interpreta para operar, se administra para ganar tiempo. Lo que antes era contención se vuelve coreografía.
Lo que sigue no es un expediente: es un mapa de señales. Cuando menciono hechos o señalamientos sensibles, los refiero a lo publicado por Riva Palacio en El Financiero (febrero de 2026). El análisis psicopolítico y geopolítico corre por mi cuenta.
Hay quienes creen que el deterioro se mide por encuestas. Yo sospecho que se mide por otra cosa, menos visible y más íntima: por el tipo de impunidad que el poder se permite a sí mismo. Cuando el privilegio se exhibe sin vergüenza, el mensaje no viaja sólo hacia la oposición o los medios; viaja hacia la base, hacia la burocracia, hacia los aliados, hacia los que toman nota en silencio. Se instala una pedagogía de la permisividad. No hace falta un manual: basta con observar que no pasa nada.
La psicología social conoce bien ese mecanismo. Si arriba la norma se negocia, abajo la norma se relativiza. No porque la gente sea mala, sino porque aprende rápido. Se adapta. Y la adaptación, en sociedades con fatiga institucional, suele tomar una forma muy mexicana: la supervivencia dentro de la regla rota. Es el cinismo funcional, esa inteligencia práctica que permite seguir, pero que va erosionando el tejido de confianza que sostiene a los Estados cuando la política deja de ser espectáculo y vuelve a ser gobierno.
Luego aparece el segundo síntoma, más delicado, porque se disfraza de firmeza: la tentación de administrar la realidad como si fuera un problema de narrativa y no de instituciones. Cuando la conversación incomoda, el poder se irrita, moraliza, regaña, sospecha. No siempre censura, pero empieza a insinuar que criticar es sabotear. Ese giro parece menor, incluso comprensible para quien gobierna bajo presión, hasta que deja de ser reacción y se vuelve hábito. Y cuando el hábito es narrativo, el procedimiento pierde prestigio. La ley sigue ahí, pero ya no manda: acompaña.
En ese clima, la política se vuelve más tribal. El adversario externo es útil, sí, pero el verdadero peligro suele venir del interior: la fractura de contención entre operadores. Cuando el poder se disciplina, sus conflictos se procesan con reglas claras, aunque sean rudas. Cuando se indisciplina, el conflicto se procesa por filtración, rumor, expediente mediático, ajustes de cuentas reputacionales. Es una forma de violencia sin sangre, pero con consecuencias institucionales: el Estado deja de ser árbitro y se convierte en herramienta. Y el ciudadano lo percibe, aunque no tenga acceso a los detalles. Percibe el olor: no huele a justicia, huele a táctica.
Ahí la legalidad se vuelve utilitaria. Lo jurídico se usa como lenguaje de guerra, no como arquitectura de convivencia. A veces el poder parece olvidar que la ley no es un accesorio del gobierno; es el marco que permite que el gobierno exista sin convertirse en facción armada de sí mismo. Eso, dicho así, suena excesivo. Y sin embargo, es la dirección hacia la que camina cualquier sistema que normaliza la desinhibición y penaliza el límite.
Pero México no se entiende desde el centro si uno no baja al territorio. El municipio es la membrana más porosa del Estado, el lugar donde la política deja de ser abstracta y se vuelve trámite, giro comercial, patrulla, contrato, permiso, inspección. La captura territorial casi nunca entra por la puerta del gran pacto. Entra por lo pequeño y repetible. Entra por el proveedor al que le sugieren colaborar, por el negocio que de pronto paga una cuota disfrazada de servicio, por la policía local que aprende a obedecer a dos mandos, por el funcionario que entiende que hay sellos que se conceden y sellos que se compran. La captura no se anuncia: se factura. Y cuando se factura, la ley queda como escenografía.
Por eso un episodio municipal puede convertirse en señal nacional, no porque sea el mayor caso, sino porque es el más pedagógico. El territorio enseña cómo se rompe un Estado en cámara lenta. Enseña que la soberanía no se pierde de golpe: se adelgaza. A veces con violencia abierta, a veces con burocracia domesticada. En ambos casos, el resultado se parece: la ciudadanía aprende que la norma tiene precio, y el crimen aprende que el Estado tiene grietas.
Llegados a este punto, el centro intenta recuperar disciplina con golpes selectivos, y ahí se abre una pregunta que incomoda incluso a los que apoyan al gobierno: ¿es contención real o teatro punitivo? No siempre es una cosa u otra, lo sé. La política rara vez es pura. Pero hay indicadores. La corrección real es institucional, y por eso es lenta: auditorías que llegan a destino, fiscalías que no operan por consigna, contralorías que no son decorado, policías depuradas, jueces protegidos de presión, reglas internas que dejan de premiar la desinhibición. El teatro, en cambio, es rápido: una detención, un mensaje, una fotografía, una narrativa de cero tolerancia que convive con los mismos incentivos que produjeron el problema.
Y entonces aparece la capa externa, que no decide la verdad, pero sí decide costos. En geopolítica, las etiquetas no funcionan como sentencias; funcionan como instrumentos. El exterior no necesita comprobarlo todo para ajustar su conducta: le basta con percibir riesgo, con leer señales, con tomar el pulso a la confianza. Cuando el debate en Estados Unidos se endurece y el lenguaje se desplaza hacia marcos extremos, el efecto no es sólo mediático. Cambia el clima estratégico: cooperación condicionada, presión diplomática, costos financieros, negociación más áspera en seguridad e inteligencia. Lo peor no es el adjetivo. Lo peor es la evaporación de confianza. Y la confianza es un capital que se construye lentamente y se pierde en una temporada.
Aquí, la paradoja del poder central se vuelve más pesada: cuando tienes legitimidad alta y control político amplio, tu margen para explicar fallas se reduce. La concentración de poder incrementa capacidad, pero también incrementa imputabilidad. Cuando todo te pertenece, también te pertenecen las grietas. No es una acusación moral, es un hecho operativo. Si el centro domina la arquitectura política, se vuelve responsable de la contención, incluso cuando la indisciplina nace en el municipio y se alimenta en los intersticios.
Hay tres rutas posibles, y ninguna es un final feliz garantizado. Una es contención institucional: el régimen decide disciplinarse en serio, acepta costos internos, rompe lealtades tóxicas, limpia territorio, coopera técnicamente, reduce la conversación a procedimientos, no a relatos. Otra es escalamiento narrativo: responde a la presión con más propaganda y menos institución, y el exterior endurece marcos, elevando costos y reduciendo cooperación. La tercera es la más mexicana y la más silenciosa: fragmentación territorial administrada. El centro conserva popularidad, pero municipios y regiones se degradan; el Estado no colapsa, pero se adelgaza; la ley se invoca, pero ya no gobierna.
Lo inquietante es que estas rutas pueden coexistir. Un golpe selectivo puede convivir con un incentivo perverso. Un discurso de legalidad puede convivir con una práctica de excepción. Y ahí aparece el núcleo de mi tesis: la indisciplina no es un insulto, es un diagnóstico de contención fallida. Cuando el poder olvida que obedece a la ley, se desboca en tres direcciones que se reconocen entre sí: se permite privilegios, administra la realidad con relato, y procesa su conflicto interno con expedientes. En el corto plazo, eso puede sostenerse con popularidad. En el mediano, produce cinismo social, captura territorial y vulnerabilidad internacional.
Quizá el error más común sea creer que la ley existe para ordenar al ciudadano. La ley, cuando es real, existe para ordenar al poder. Y cuando el poder deja de obedecerla, lo que sigue no siempre es una crisis espectacular. A veces es peor: una normalidad nueva, más porosa, más negociada, más cansada, donde el Estado todavía está, pero ya no contiene.
Mario López Ayala es periodista senior mexicano y analista geopolítico especializado en comportamiento político, seguridad informacional y poder narrativo. En Phoenix24 integra inteligencia estratégica, ciberseguridad y gobernanza algorítmica para estudiar la competencia por influencia en el espacio público global. Es miembro de la International Federation of Journalists (IFJ/FIP) y de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa (OCUS).