Cuando una potencia abandona la ambigüedad diplomática, el mensaje deja de ser simbólico y se vuelve estructural.
Washington, diciembre de 2025
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que Nicolás Maduro debe abandonar el poder en Venezuela, en una de las declaraciones más directas emitidas por un alto funcionario estadounidense sobre el futuro político del país sudamericano. El posicionamiento marca un endurecimiento explícito del discurso oficial de Washington y se produce en un contexto de presión creciente sobre el gobierno venezolano, donde las herramientas diplomáticas tradicionales han sido acompañadas por acciones de seguridad y control económico de mayor alcance.
La funcionaria vinculó la permanencia de Maduro en el poder con lo que describió como actividades ilícitas toleradas o facilitadas desde el aparato estatal venezolano, señalando que estas prácticas representan un factor de desestabilización regional. Sus declaraciones coincidieron con una intensificación de operaciones estadounidenses en el Caribe orientadas a reforzar el cumplimiento de sanciones, particularmente en el ámbito del comercio petrolero, una de las principales fuentes de ingresos del Estado venezolano.
El mensaje transmitido desde Washington no se limitó a una crítica política, sino que se inscribió en un marco más amplio de seguridad hemisférica. Desde la perspectiva estadounidense, la crisis venezolana se presenta como un problema que trasciende lo interno y se conecta con dinámicas de crimen transnacional, flujos migratorios irregulares y redes financieras opacas. Bajo esa lectura, la continuidad del actual liderazgo en Caracas es interpretada como un obstáculo para cualquier intento de estabilización sostenida.

Este endurecimiento discursivo refleja una estrategia que combina presión económica, vigilancia marítima y señalización política directa. En las últimas semanas, autoridades estadounidenses han incrementado la interdicción de embarcaciones asociadas al transporte de crudo sancionado, una medida destinada a reducir la capacidad del gobierno venezolano de sortear restricciones internacionales. Estas acciones buscan elevar el costo operativo del régimen, al tiempo que refuerzan el mensaje de que el statu quo no es aceptable para Washington.
Desde Caracas, la reacción ha sido de rechazo frontal. El gobierno venezolano ha calificado las declaraciones como una injerencia directa en sus asuntos internos y ha reiterado su narrativa de resistencia frente a lo que considera una política de hostigamiento y presión externa. En el discurso oficial, las sanciones y operaciones estadounidenses son presentadas como instrumentos de desestabilización que afectan de manera directa a la población civil, una acusación que se ha convertido en un eje central de su estrategia comunicacional.
La afirmación de que Maduro “tiene que irse” rompe con formulaciones más cautelosas utilizadas en el pasado y sitúa el debate en un terreno menos ambiguo. Para analistas regionales, este tipo de mensajes no solo buscan presionar al liderazgo venezolano, sino también enviar señales claras a aliados y actores regionales sobre la posición de Estados Unidos respecto a una eventual transición política en Venezuela.
El trasfondo de estas declaraciones es un escenario de estancamiento prolongado, donde los intentos de negociación política han producido resultados limitados y la crisis económica y social continúa alimentando flujos migratorios masivos hacia países vecinos y hacia el propio territorio estadounidense. En ese contexto, el lenguaje utilizado por Washington adquiere un peso simbólico que va más allá de la retórica, al redefinir públicamente sus expectativas sobre el desenlace político venezolano.
La postura expresada por la secretaria de Seguridad Nacional consolida una línea dura que prioriza la presión sostenida como mecanismo de cambio. Si bien no implica una hoja de ruta inmediata, sí delimita con claridad el marco desde el cual Estados Unidos evalúa el conflicto venezolano y anticipa que cualquier recomposición de relaciones pasará por una transformación profunda del poder en Caracas.
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