Phoenix 24
Un acuerdo energético estratégico vincula capital privado con producción estatal, redefiniendo el riesgo, la escala y el control en el sector petrolero mexicano.
Ciudad de México, septiembre de 2025
Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, ha obtenido un contrato valuado en hasta 1,991 millones de dólares con Petróleos Mexicanos (Pemex) para perforar y completar hasta 32 pozos en el campo Ixachi durante los próximos tres años. Según el acuerdo, las empresas de Slim adelantarán el capital y los costos de ejecución, los cuales serán reembolsados cuando los pozos comiencen a producir, a partir de enero de 2027. El modelo vincula el pago a los resultados, alineando incentivos pero colocando la exposición financiera directamente sobre el inversionista privado.
El acuerdo fue formalizado a través de las filiales de Carso, GSM Bronco y MX DLTA NRG 1. Si se perforan menos de 32 pozos, el costo se ajustará a la baja bajo el mismo marco contractual. Una vez que entren en operación, Pemex emitirá 21 pagos mensuales por pozo, financiados con los ingresos generados por la venta de hidrocarburos provenientes del yacimiento desarrollado. Carso estima que para el inicio de los pagos al menos 12 pozos ya estarán en producción.
Ixachi es uno de los campos terrestres más importantes de México. Su producción actual se estima en alrededor de 93,000 barriles de petróleo y 715 millones de pies cúbicos de gas por día, lo que equivale a aproximadamente 236,000 barriles de crudo equivalente. Hasta la fecha, se han perforado 28 pozos con una profundidad promedio de 7,650 metros, muchos de ellos desarrollados por la propia Carso bajo contratos de servicios previos.
El acuerdo posiciona a Slim como uno de los pocos actores privados que operan a gran escala junto a Pemex en medio de la profunda crisis financiera de la petrolera estatal. La deuda de Pemex supera los 90 mil millones de dólares y su nivel de producción se encuentra en los puntos más bajos en más de cuatro décadas. Para la empresa, contratos mixtos como este representan una tabla de salvación al transferir el riesgo operativo al sector privado sin ceder la propiedad de las reservas.
Desde la perspectiva de Carso, el acuerdo es ambicioso. Exige alta capacidad técnica, disciplina operativa, control estricto de costos y certeza en el rendimiento. El potencial de beneficios también es considerable: los retornos provendrán directamente de la producción futura, recompensando una ejecución temprana y eficiente. El riesgo, sin embargo, es claro, ya que cualquier sobrecosto o bajo rendimiento recaerá directamente sobre el conglomerado de Slim.
La política energética mexicana ha evolucionado hacia una mayor participación del sector privado. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado contratos que permiten la financiación privada de operaciones de Pemex manteniendo la propiedad estatal de los recursos. Bajo este modelo, se preservan las finanzas públicas mientras que el riesgo técnico, operativo y de capital se transfiere al sector privado.
Sin embargo, los riesgos son significativos. Si el mercado petrolero se debilita, o si surgen obstáculos técnicos, geológicos o regulatorios, el impacto recaerá en Carso. Retrasos más allá de 2027 podrían reducir márgenes o incluso volver inviable la inversión. La ejecución rigurosa de la perforación y las operaciones upstream se vuelve esencial.
Los actores internacionales observan con atención. En Estados Unidos, empresas energéticas privadas podrían ver este modelo como una referencia para asociaciones público-privadas en estados con limitaciones presupuestarias. En América Latina, países acostumbrados al nacionalismo energético podrían verse presionados a modernizar sus esquemas de contratación para atraer capital sin perder control sobre sus recursos. En regiones del Golfo y otros mercados energéticos, los riesgos estructurales de vincular el pago a la producción están siendo evaluados en otros campos de alta presión.
El contrato también ha generado comparaciones con otras experiencias. En Noruega, donde los contratos de servicios son comunes pero el control estatal sigue siendo estricto, el capital privado complementa la capacidad del Estado sin comprometer la soberanía. En Brasil, las complejas reglas fiscales suelen desalentar acuerdos similares. El marco legal mexicano será analizado como un modelo potencial para desplegar capital privado bajo supervisión soberana.
Las implicaciones políticas son profundas. Slim ha cultivado relaciones con distintos gobiernos, y los críticos podrían argumentar que la concentración de influencia en el sector energético debilita la competencia y la gobernanza. Los riesgos de corrupción o de inflación de costos atraerían un escrutinio severo. Pemex, por su parte, corre el riesgo de volverse dependiente de operadores privados si no logra reconstruir sus capacidades internas.
Aun así, si el proyecto resulta exitoso, podría acelerar la producción en Ixachi, mejorar el flujo de efectivo de Pemex y atraer más inversión privada al sector energético mexicano. También podría enviar una señal clara de que, bajo los términos adecuados, el capital privado puede colaborar con actores estatales con recursos limitados para desbloquear valor estratégico.
Hechos que no se doblan. / Facts that do not bend.