Phoenix 24
El fantasma de una guerra civil se cierne mientras una transición política tambalea entre la violencia, la desafección ciudadana y el colapso institucional
Puerto Príncipe, 7 de agosto de 2025 — Lo que alguna vez fue el primer país libre de América Latina vive hoy atrapado en una asfixia crónica: institucional, territorial, humanitaria. En las últimas horas, el líder más temido de las pandillas haitianas, Jimmy “Barbecue” Chérizier, lanzó una amenaza directa contra el Consejo Presidencial de Transición, el órgano político provisional que busca restablecer la legitimidad democrática en un país sin presidente electo desde 2021. El ex policía convertido en jefe paramilitar acusó públicamente a los miembros del Consejo de “traicionar al pueblo” y advirtió que tomará por la fuerza tanto la oficina del Primer Ministro como la sede del órgano si no se cumple con sus demandas.
El mensaje, difundido en video y replicado por radios locales en barrios dominados por pandillas, no es sólo una amenaza: es un anuncio de ruptura. Chérizier lidera una de las coaliciones criminales más estructuradas del hemisferio occidental —las llamadas Fuerzas Revolucionarias de la Familia G9 y Aliados—, que controla corredores estratégicos en la capital y mantiene vínculos con redes de tráfico de armas, extorsión, secuestros y contrabando. Su lenguaje, mezcla de retórica populista y lógica militar, apunta a consolidar su rol como actor político fáctico frente a una autoridad que apenas se sostiene por el reconocimiento internacional.
Mientras tanto, el Consejo Presidencial intenta ejecutar una rotación interna en el poder: un cambio simbólico que, según sus impulsores, reforzaría la legitimidad institucional frente al caos reinante. Pero ese mismo gesto ha sido interpretado por sectores críticos como una jugada estéril frente al poder real de las bandas. El relevo incluyó figuras provenientes del sector privado, lo cual refuerza la percepción de que la transición se construye más con tecnócratas corporativos que con representantes populares. En un contexto donde la clase política tradicional está desacreditada y los partidos políticos han perdido operatividad, la desconexión con el terreno se vuelve letal.
La raíz del problema es sistémica. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 —un magnicidio aún sin resolver en el plano judicial—, el país ha experimentado un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por estructuras armadas que operan con lógica paraestatal. Las pandillas, lejos de ser simples agrupaciones criminales, han evolucionado hacia conglomerados territoriales con bases sociales, estructuras jerárquicas, armamento sofisticado y retórica política. Muchas de ellas distribuyen alimentos, imponen toques de queda y regulan la actividad económica en sus zonas de influencia. En barrios como Martissant, Cité Soleil o Bel Air, el Estado no tiene presencia efectiva, y las decisiones se toman con el aval o la presión de grupos armados.
A pesar de las reiteradas alertas emitidas por organizaciones multilaterales como la ONU y la OEA, y del envío limitado de misiones de apoyo desde países aliados, la comunidad internacional ha sido incapaz de frenar la deriva violenta. Las sanciones individuales, las rondas de diálogo y los informes periódicos no han logrado contener una crisis que ya desborda cualquier marco convencional de gobernanza. El pueblo haitiano, atrapado entre el miedo, la pobreza estructural y la desconfianza institucional, observa con creciente resignación cómo el proyecto de Estado se diluye ante sus ojos.
La amenaza de Chérizier debe leerse como algo más que una bravata de pandillero: es la confirmación de que el poder armado ha alcanzado una masa crítica que le permite condicionar —y posiblemente paralizar— cualquier intento de transición. Además, la capacidad de difundir su mensaje, controlar canales de comunicación locales y mantener respaldo en zonas empobrecidas revela una inteligencia operativa que va más allá del crimen tradicional. Chérizier no es un narcotraficante al estilo clásico, sino un híbrido: una figura que combina lenguaje revolucionario, acción paramilitar y control simbólico de sectores urbanos. Su figura encarna una nueva generación de actores postestatales que no buscan sólo lucrar, sino gobernar desde la violencia.
Las consecuencias de este nuevo impasse podrían ser dramáticas. El colapso del Consejo —ya frágil en su composición— abriría la puerta a una fragmentación aún mayor del país, que actualmente enfrenta más de 200,000 desplazados internos, crisis alimentaria crónica y una epidemia de cólera que se extiende sin contención. Además, la continuidad del actual proceso transicional se encuentra amenazada por divisiones internas entre sus miembros y la desconfianza pública acumulada. Sin legitimidad en la calle, sin control efectivo del territorio y sin respaldo operativo internacional suficiente, la fórmula transicional podría implosionar desde dentro.
En los círculos diplomáticos se discute ahora si Haití necesita una intervención robusta bajo mandato multilateral o si es posible aún reconstruir la arquitectura del Estado con actores locales. Sin embargo, los hechos sobre el terreno parecen inclinarse hacia la primera opción. Una intervención a medias, sin mandato de protección civil ni reglas de combate frente a bandas armadas, corre el riesgo de convertirse en un fracaso anunciado. Por otro lado, permitir que actores criminales impongan condiciones a los organismos transitorios enviaría un mensaje devastador a otras regiones con escenarios similares.
La disputa no es solo territorial. Es semántica, estructural y geopolítica. Haití es hoy el laboratorio más extremo del colapso estatal moderno en el continente americano. Lo que está en juego no es sólo su transición política, sino el modelo mismo de orden frente a la violencia organizada. En ese contexto, el silencio o la ambigüedad pueden ser formas de complicidad involuntaria.
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