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Mientras Ucrania busca integrarse a la Unión Europea, una reforma legal impulsada por Zelenski despierta recelo en Bruselas y pone a prueba la credibilidad del país frente al bloque
Bruselas, julio de 2025 — El diálogo entre Ucrania y la Unión Europea atraviesa una fase delicada. A tan solo unos meses de las cruciales negociaciones sobre la adhesión de Kiev al bloque comunitario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha solicitado de manera oficial al presidente Volodímir Zelenski una explicación detallada sobre la nueva ley anticorrupción que su gobierno acaba de promulgar. La normativa, aprobada por el Parlamento ucraniano a inicios de esta semana, plantea restricciones al acceso público de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Estado, lo cual ha encendido alertas en Bruselas y entre observadores internacionales de transparencia institucional.
En una llamada telefónica formal —confirmada por fuentes comunitarias y reproducida por medios europeos como Euractiv y Politico EU— Von der Leyen transmitió a Zelenski su “preocupación legítima” sobre las posibles implicaciones de esta ley en el contexto de las reformas estructurales exigidas por la Unión como condición indispensable para avanzar en el proceso de adhesión. Desde hace meses, la Comisión viene insistiendo en que la lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales de cualquier candidato al ingreso, particularmente cuando se trata de países que han estado bajo influencias oligárquicas, conflictos armados o regímenes híbridos.
El artículo en cuestión, aprobado con una mayoría favorable en la Rada Suprema ucraniana, permite que ciertas declaraciones de activos de funcionarios públicos sean clasificadas o de difícil acceso para periodistas, fiscalías y organizaciones de la sociedad civil. Esto contraviene abiertamente las recomendaciones previas del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF), que ven en la opacidad institucional un retroceso frente a los avances logrados desde 2014 con el Euromaidán.
Según expertos del Center for Strategic and International Studies (CSIS), esta movida legislativa se da en un momento de ambigüedad política interna: por un lado, Zelenski intenta demostrar fortaleza institucional frente al Kremlin y consolidar la resiliencia democrática del país; por otro, sectores cercanos al Ejecutivo parecen buscar una especie de “pacto de inmunidad selectiva” que proteja a aliados estratégicos en la administración pública y las fuerzas armadas. En ese delicado equilibrio, la nueva ley podría representar un freno estructural a los compromisos internacionales de Ucrania.
Desde Washington, la Embajada de Estados Unidos en Kiev ha emitido un comunicado señalando que “la transparencia y la rendición de cuentas son ejes irrenunciables para todo gobierno que aspire a integrarse plenamente a las democracias occidentales”. En tono similar, organizaciones como Transparency International, Open Society Foundations y Bellingcat han advertido que limitar el acceso a la información patrimonial podría debilitar seriamente los mecanismos de fiscalización ciudadana, especialmente en un país que aún se enfrenta a redes de corrupción militar, contrabando transfronterizo y fondos públicos desviados en la reconstrucción.
El timing del escándalo no es menor. A nivel diplomático, la Comisión Europea se encuentra en plena elaboración del Informe de Progreso 2025, documento clave que definirá si Ucrania puede acceder formalmente a las etapas siguientes del proceso de adhesión. Un revés en materia de transparencia pondría a Kiev en una situación incómoda ante los Estados miembros más reticentes, como Hungría o Austria, que ya han expresado reservas sobre la ampliación hacia el este sin garantías de reformas profundas.
Analistas de Stratfor y del Lowy Institute en Australia también advierten que este tipo de tensiones internas podrían ser utilizadas como pretexto por parte de Moscú para fortalecer su narrativa propagandística, según la cual Ucrania sigue siendo un Estado fallido incapaz de administrar con independencia y legalidad sus asuntos internos. No se descarta que la inteligencia rusa (FSB) y sus redes mediáticas exploten la controversia para erosionar la confianza occidental en el liderazgo de Zelenski.
Aunque el gobierno ucraniano ha insistido en que la ley puede ser modificada “según sugerencias internacionales”, fuentes del Parlamento Europeo indican que cualquier rectificación deberá ser concreta y verificable antes de septiembre, cuando se reunirá el Consejo Europeo para revisar los avances legislativos de los países candidatos.
En este escenario, la presión no solo recae sobre Kiev, sino también sobre la propia Von der Leyen, quien ha hecho de la expansión de la UE un eje central de su legado político. Ceder ante un retroceso democrático en Ucrania podría afectar su credibilidad en otros expedientes sensibles como Moldavia, Georgia o incluso los Balcanes Occidentales.
A medida que Europa redefine su arquitectura geopolítica tras el shock de la guerra en Ucrania, episodios como este revelan que la batalla no se libra únicamente en el terreno militar. También se combate en el campo simbólico de los valores compartidos, donde cada ley cuenta, cada omisión se mide y cada ambigüedad se interpreta como un mensaje geoestratégico.
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