Phoenix 24
Un fenómeno regional que revela fallas institucionales y pone en jaque la estrategia nacional contra el crimen organizado.
Villahermosa, julio de 2025 —
Tabasco, antaño un actor marginal en el robo de combustible, ha emergido como epicentro de una crisis que sacude las estructuras de seguridad nacional. De enero a julio, fuerzas federales y estatales reportaron la incautación de 16.875 millones de litros de combustible robado, distribuidos en 13 operativos exitosos en municipios como Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Centro —la ruta clave entre el complejo Cactus de Chiapas y la refinería Olmeca en Dos Bocas.
Estas acciones han involucrado a la Marina, Sedena, la Guardia Nacional y la FGR, logrando arrestos, decomisos de tractocamiones, contenedores y equipos de procesamiento clandestino. Solo en una operación reciente en Cunduacán se aseguraron 880 000 litros, siete vehículos y maquinaria pesada. Estas cifras municipales se suman a la tendencia nacional, donde se han decomisado más de 39 millones de litros en ocho meses.
El avance de este robo masivo revela aspectos profundos. Inicialmente asociada con perforaciones menores —las llamadas “tomas clandestinas”—, la actividad delictiva en Tabasco ha escalado a redes transregionales con logística sofisticada, apoyo técnico y rutas integradas al tráfico internacional del “huachicol”. Analistas de seguridad han advertido que esta expansión coincide con la reconfiguración de estructuras criminales vinculadas a cárteles como el CJNG y la ex “Barredora”, expuestas en investigaciones recientes sobre corrupción institucional.
En respuesta, el gobierno federal ha activado un protocolo multifuerzas y presentado un sistema digital de trazabilidad que supervisa el combustible desde su origen hasta su destino. Este sistema promete fiscalización efectiva, aunque su eficacia real dependerá de la capacidad del SAT, Pemex y Sedena para combatir la colusión política y local.
En un complejo industrial del centro de Tabasco se descubrieron 3 millones de litros de combustible y 18 vehículos, el pasado 30 de mayo. (Cuartoscuro)
El impacto económico no es menor. El huachicoleo, tradicionalmente invisible, ha ocasionado pérdidas por hasta 3 500 millones de dólares entre 2019 y 2024. Las recientes incautaciones benefician por ahora al mercado formal, con incrementos en venta de combustible en entidades como Nuevo León y Coahuila, pero también generan interrogantes sobre la disposición real de actores locales para romper el ciclo de impunidad.
La dimensión política también ocupa un espacio central. El gobernador Javier May ha señalado públicamente la inacción de administraciones pasadas en Tabasco, mientras que en la federación se acusa a redes de complicidad estructural entre policías y bandas criminales. Al mismo tiempo, voces oficiales como la presidenta Claudia Sheinbaum han considerado estos operativos como parte de una estrategia de seguridad nacional y soberanía energética.
En este contexto, el sureste mexicano enfrenta una encrucijada. Si la coordinación institucional se mantiene y las tecnologías antifraude se aplican con transparencia, Tabasco podría convertirse en modelo de erradicación del huachicol. Pero si no se rompe el eje de colusión local, operativos y decomisos podrían convertirse en simples golpes simbólicos.
Con el trasfondo de sanciones internacionales y la política energética nacional en juego, México enfrenta su mayor desafío en materia de integridad institucional y control territorial. Tabasco ya no es solo un estado productor de petróleo, sino un terreno de disputa donde el crimen organizado intenta desbordar al Estado, y la defensa de los activos nacionales depende tanto de la tecnología como de la voluntad política. El desenlace de este pulso marcará el rumbo de la estrategia federal contra el huachicol y la reconstrucción del control público sobre la riqueza energética nacional.
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