Mario López Ayala, PhD
El primero de junio de 2025 no será un domingo cualquiera en la historia contemporánea de México. Se trata de una jornada que podría marcar el inicio de una transformación profunda, no solo del poder judicial, sino del equilibrio mismo de la democracia mexicana. El pueblo está convocado a elegir, por primera vez en la historia, a jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una decisión tan disruptiva que no solo desafía el modelo judicial mexicano, sino que sacude las bases del constitucionalismo en América Latina.
La Cuarta Transformación, liderada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y ahora continuada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha vendido esta reforma como un acto de justicia popular: el pueblo manda, el pueblo limpia, el pueblo juzga. Pero cuando las urnas reemplazan el mérito, la experiencia y la imparcialidad por la popularidad, el populismo de Estado entra por la puerta grande del sistema judicial.
La balanza sin venda
En nombre de una cruzada anticorrupción —tan legítima como peligrosa cuando se absolutiza—, el oficialismo ha logrado que decenas de candidatos sin carrera judicial, sin ética profesional comprobada y, en algunos casos, con vínculos alarmantes con el crimen organizado, estén en la boleta electoral. Según reportes del Washington Post (2025), algunas candidaturas provienen incluso de exdefensores de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en regiones donde el narco manda más que el gobierno (Washington Post, 2025a).
La independencia judicial —ese principio que evita que el poder se devore a sí mismo— está en terapia intensiva. Lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo ha denunciado Human Rights Watch (2024), alertando que las reformas constitucionales amenazan los derechos y garantías fundamentales al socavar la autonomía del poder judicial.
Geopolítica en juego
No se trata de un tema local. En un mundo donde las democracias tambalean, lo que ocurra en México será observado con lupa por Washington, Bruselas y Pekín. Las inversiones extranjeras no aterrizan donde el derecho es incierto. La empresa no prospera donde el litigio se resuelve en TikTok y no en un tribunal imparcial. El capital huye del caos. Ya lo vivimos en Venezuela, en Nicaragua, y en menor escala, en Bolivia.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) advirtió recientemente que esta reforma podría “debilitar severamente el atractivo económico de México en el marco del nearshoring global”, poniendo en entredicho la certeza jurídica y el entorno de negocios (CSIS, 2025).
¿Reforma o regresión?
Los defensores de esta iniciativa sostienen que el pueblo tiene derecho a decidir sobre todos los poderes. Y tienen razón. Pero la democracia no se limita al voto. También es contrapeso, legalidad, garantías procesales, y sí: profesionales que no dependan de aplausos ni de encuestas para hacer valer la ley.
Votar por jueces no es una innovación progresista, sino una idea reciclada que ha demostrado, en otros contextos, más sombras que luces. En Estados Unidos, donde algunos jueces son elegidos, la presión política y el financiamiento de campañas judiciales han generado escándalos que comprometen la neutralidad judicial. Y aun así, sus mecanismos de control y cultura legal están a años luz de la nuestra.
En México, donde las elecciones ya están permeadas por clientelismo, crimen organizado y violencia, confiarle al voto popular la integridad de la judicatura no es democratizar la justicia: es dinamitarla.
¿Y ahora qué?
Mañana, millones de mexicanos acudirán a las urnas sin tener idea de quiénes son los candidatos a ministros, sin conocer sus antecedentes, sus vínculos ni sus propuestas. Porque no las hay. Solo hay propaganda, siglas, colores… y simulación. La toga se ha convertido en camiseta de campaña.
La historia juzgará este momento. Pero el veredicto no será inmediato. Tardará años en notarse: en sentencias compradas, en absoluciones inexplicables, en la impunidad disfrazada de soberanía popular.
México no necesitaba una reforma judicial a ciegas. Necesitaba una justicia reformada desde dentro: autónoma, profesional, blindada del poder político y del crimen. Lo que hoy vivimos es otra cosa. Es el último bastión institucional de la república asediado por la maquinaria electoral.
Y cuando la justicia deja de ser un poder del Estado para convertirse en botín electoral, el país cruza una línea peligrosa: la que separa el Estado de Derecho de la ley de la selva. No hay democracia donde los jueces buscan votos en lugar de impartir justicia; no hay república donde las togas se lavan en las urnas. Lo que hoy parece un acto de soberanía popular, mañana podría ser la coartada perfecta para el autoritarismo. Porque cuando se disfraza de pueblo al poder, y se le da al populismo la llave del tribunal supremo, la justicia no solo muere… se convierte en cómplice.
Referencias:
- CSIS. (2025, junio 6). Justice on the Ballot? The Impact of Mexico’s Judicial Reform on the Rule of Law and Business Environment. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/events/justice-ballot-impact-mexicos-judicial-reform-rule-law-and-business-environment
- El País. (2025, mayo 31). Morena apuesta su capital político a la reforma judicial. https://elpais.com/mexico/2025-05-31/morena-apuesta-su-capital-politico-a-la-reforma-judicial.html
- Human Rights Watch. (2024, agosto 30). Mexico: Proposed Constitutional Changes Threaten Rights. https://www.hrw.org/news/2024/08/30/mexico-proposed-constitutional-changes-threaten-rights
- Washington Post. (2025a, mayo 12). This lawyer was counsel to El Chapo — and could soon be one of Mexico’s judges. https://www.washingtonpost.com/world/2025/05/12/mexico-judicial-election-narco-ties
- Washington Post. (2025b, mayo 30). Mexico is removing its last check on executive power. https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/05/30/mexico-judicial-independence-democracy-authoritarianism