Phoenix 24
Chicago / Culiacán, julio de 2025
El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán López —también conocido como “El Ratón”—, ha activado una estrategia judicial con efecto dominó. Recientemente, 17 de sus familiares, incluida su madre Griselda, habrían llegado a Estados Unidos bajo presunto resguardo de autoridades federales, en lo que se perfila como una jugada clave dentro de negociaciones legales entre el capo y el Departamento de Justicia.
Información filtrada por medios de inteligencia señala que el traslado se habría concretado en tres vuelos privados desde Culiacán hasta Ensenada, para luego cruzar por San Ysidro, coordinado por su primo Jaziel “El Gabacho” Guzmán Araujo. El trasfondo apunta a un acuerdo mayor: Ovidio estaría próximo a declararse culpable en tribunales de Chicago por cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas, convirtiéndose así en el primer hijo de “El Chapo” en aceptar un pacto en territorio estadounidense.
Sin embargo, su abogado Jeffrey Lichtman negó que la entrada de los familiares esté vinculada al pacto legal, enfatizando que “no ha habido negociación en relación con la familia”. Este contraste añade una tensión adicional en un proceso que ya ha tensado las relaciones diplomáticas entre Washington y Ciudad de México, especialmente tras las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum por la falta de comunicación previa.
El posible acuerdo revela una fractura interna en el Cártel de Sinaloa: su hermano mayor, Joaquín “El Güero Moreno”, ya habría pactado con autoridades estadounidenses. La fragilidad del grupo se intensifica, especialmente tras golpes al tráfico de fentanilo y un debilitamiento financiero que presiona a la organización.
Para Estados Unidos, esta maniobra abre la posibilidad de obtener información sustancial sobre rutas de narcotráfico, financiamiento y complicidades institucionales. Además, la protección legal de familiares podría asegurar su cooperación en calidad de testigos en programas de seguridad.
En México, el traslado de miembros del círculo Guzmán presenta un dilema soberano. La falta de notificación previa y el desempeño de fuerzas federales sin coordinación han generado malestar institucional y cuestionan el respeto a la cooperación bilateral.
Lo que está en juego supera los límites de este caso individual: si Ovidio formaliza un acuerdo de culpabilidad y cede información, podría desencadenar un efecto en cadena que ponga al descubierto vínculos entre el cártel y actores políticos o empresariales. Esta jugada podría acelerar el desmantelamiento de estructuras criminales y virar la relación entre Estados Unidos y México.
El desenlace llegará con la audiencia en Chicago, prevista para este 9 de julio, donde se espera que Ovidio cambie su declaración. El resultado será decisivo: puede significar una victoria judicial para Washington y un golpe estratégico al panorama del narcotráfico, o convertirse en un nuevo episodio que profundice las tensiones transfronterizas.
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