Phoenix 24
Una plataforma periodística expone a gobernadores y alcaldes señalados por vínculos con el crimen organizado, reabriendo el debate sobre la penetración del narcotráfico en la política mexicana y sus implicaciones internacionales.
Ciudad de México, agosto 2025.
La frontera entre la política y el crimen organizado en México nunca ha sido del todo clara. Hoy, un proyecto periodístico vuelve a desnudar esa porosidad. Narcopoliticos.com, impulsado por los periodistas Luis Chaparro, Óscar Balderas y el activista Miguel Alfonso Meza, reveló los primeros perfiles de once funcionarios y exfuncionarios —entre ellos dos gobernadores y una alcaldesa— presuntamente ligados a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Respaldada por la organización Defensorxs, la plataforma busca preservar en un archivo abierto lo que con frecuencia la justicia mexicana y los medios institucionales prefieren olvidar.
En la plataforma de Narcopoliticos.com se espera sean revelados más de 30 perfiles de políticos con presuntos nexos con el crimen
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aparece como uno de los casos más notorios. Documentos y testimonios lo vinculan inicialmente con Los Zetas y posteriormente con el CJNG, al tiempo que arrastra señalamientos por el desvío de más de 200 millones de pesos durante su gestión municipal en Soledad de Graciano Sánchez. Aunque niega los vínculos, su trayectoria refleja cómo la política estatal mexicana se ha convertido en terreno fértil para la infiltración criminal.
Los nombres que emergen en esta investigación no son aislados. La plataforma apunta a un patrón estructural: partidos que toleran candidatos cuestionados, autoridades federales que se desentienden bajo el argumento de “autonomía local” y una justicia que rara vez alcanza a quienes ocupan cargos de alto rango. Así, el crimen organizado encuentra en alcaldías, congresos estatales y gubernaturas un mecanismo de legitimidad y protección.
La realidad mexicana ofrece precedentes sólidos. En los años noventa, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y protección al Cártel de Juárez. Más tarde, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, enfrentó procesos judiciales en cortes texanas por recibir sobornos del narcotráfico. Ambos casos ilustran una constante: la justicia internacional actúa cuando la nacional es incapaz o renuente.
El fenómeno tiene una dimensión transfronteriza. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hasta un tercio de los municipios mexicanos muestra indicios de infiltración criminal en sus procesos políticos. A esto se suma la presión de Washington, que aplica la Foreign Narcotics Kingpin Designation Actpara sancionar a funcionarios sospechosos de proteger cárteles. Durante 2024, al menos tres alcaldes mexicanos fueron incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro, limitando sus operaciones financieras en territorio estadounidense.
La infiltración política del narcotráfico no solo impacta la gobernabilidad. También erosiona la confianza ciudadana en la democracia. El Instituto Nacional Electoral (INE) documentó más de 100 casos de violencia electoral vinculada a cárteles en las elecciones de 2021, y las elecciones de 2024 siguieron la misma tendencia. El financiamiento ilícito, la compra de lealtades y la intimidación directa de candidatos han convertido a ciertos territorios en verdaderos “feudos narco-políticos”.
(Facebook/Ricardo Gallardo Cardona)
El reciente arresto del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, acusado de colaborar con el CJNG y de facilitar un rancho usado como centro de operaciones criminales, es apenas un ejemplo. Otros casos, como la alcaldesa de Cosalá en Sinaloa o el gobernador de Tabasco recientemente prófugo, muestran que la colusión se extiende desde lo municipal hasta las cúpulas estatales. En todos los casos, la impunidad es el factor común: investigaciones abiertas, procesos judiciales truncos y silencios cómplices.
Expertos en seguridad consultados por Phoenix24 coinciden en que esta convergencia entre política y narcotráfico constituye una forma de “captura del Estado”, en la que la función pública se supedita a intereses criminales. Más aún, advierten que la persistencia de este fenómeno puede consolidar un modelo de gobernanza híbrida, donde las estructuras estatales y las redes del narcotráfico coexisten y se refuerzan mutuamente.
El impacto internacional no es menor. Para Estados Unidos, la estabilidad de México es un asunto de seguridad nacional, tanto por la frontera compartida como por el flujo de fentanilo y armas. En Europa, la Interpol y Europol siguen de cerca las rutas de lavado que utilizan políticos y empresarios vinculados a cárteles mexicanos. Incluso en Asia, analistas de seguridad han señalado que fondos ilícitos procedentes de América Latina han ingresado en redes financieras controladas por actores chinos.
En este contexto, Narcopoliticos.com emerge como un intento de contrapeso ciudadano y mediático. Su objetivo no es reemplazar a la justicia, sino documentar y exhibir las complicidades. Para una democracia fatigada por la violencia, la transparencia puede ser el primer paso hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, el riesgo para los periodistas y activistas detrás del proyecto es alto: las represalias del crimen y la hostilidad política son un recordatorio de que el costo de narrar la verdad en México sigue siendo extremo.
La alcaldesa del municipio de Coalcomán a sido vinculada el crimen organizado | Foto: Facebook H. Ayuntamiento de Coalcomán 2024-2027
La pregunta de fondo es si el sistema mexicano tiene la capacidad —o la voluntad— de desmontar este entramado. Si la impunidad prevalece, la política mexicana corre el riesgo de normalizar la colusión con el crimen organizado como una práctica aceptada.
(Gobierno de Sinaloa)
Si, en cambio, la presión internacional y la documentación pública continúan, podría abrirse un nuevo capítulo en la relación entre sociedad y Estado. En cualquier escenario, la erosión de legitimidad ya es inocultable: un Estado sitiado por el narcotráfico difícilmente puede sostener el contrato social sin fracturas profundas.
El equipo editorial de Phoenix24 preparó esta publicación con base en hechos comprobables, fuentes estratégicas globales y verificación de contexto geopolítico actual.
The Phoenix24 editorial team prepared this publication based on verifiable facts, strategic global sources, and validation within the current geopolitical context.