Mario López Ayala, PhD
El Congreso peruano enfrenta su prueba más peligrosa desde el retorno a la democracia moderna.
Lima, octubre de 2025.
El Congreso del Perú se encuentra en el epicentro de una tormenta institucional que podría redefinir el equilibrio del poder político. Una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte ha alcanzado el número de firmas necesarias para su debate formal, reactivando el mecanismo constitucional que, en años recientes, ha marcado el pulso de la inestabilidad republicana. El proceso, impulsado por bancadas opositoras y respaldado por sectores tradicionalmente moderados, ha convertido al Parlamento en un campo de maniobras donde cada voto vale tanto como una fractura.
De acuerdo con la Constitución peruana, la moción de vacancia requiere la firma de al menos 26 legisladores para ser admitida, y posteriormente 52 votos en el Pleno para iniciar su debate formal. Superado ese filtro, la presidenta tiene derecho a una hora de defensa ante los congresistas. Para que la destitución prospere, es necesario alcanzar 87 votos favorables, equivalentes a dos tercios del número total de parlamentarios. Si la cifra se alcanza, la vacancia se declara de inmediato y debe publicarse en el diario oficial en un plazo no mayor a 24 horas.
En esta ocasión, la propuesta ya cuenta con más de 36 firmas provenientes de bloques como Juntos por el Perú, Podemos Perú, Avanza País, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático. El anuncio de Fuerza Popular de sumarse a la iniciativa modificó drásticamente el escenario político, generando un bloque potencialmente capaz de acercarse a la mayoría calificada. Las conversaciones se desarrollan con discreción, y varios legisladores mantienen su posición en reserva mientras evalúan los efectos que una crisis presidencial podría tener en sus propios territorios electorales.
De aprobarse la vacancia, el poder pasaría de manera automática al presidente del Congreso. En la actualidad, ese cargo es ocupado por José Jerí Oré, representante de Somos Perú, elegido para el periodo 2025-2026. La Constitución no contempla vicepresidentes en funciones desde 2022, lo que deja al titular del Legislativo como primera opción para asumir el mando del país. Sin embargo, existe la posibilidad de que los parlamentarios designen a otra figura de consenso, lo que añade una capa adicional de incertidumbre política.
Jerí Oré, limeño de 38 años y abogado de formación, fue elegido presidente del Congreso con 79 votos a favor. En sus intervenciones recientes ha abogado por un proceso parlamentario “transparente y sin cálculo personal”, aunque su figura ya concentra tanto expectativas como sospechas. Para sectores del oficialismo, su eventual ascenso podría interpretarse como una maniobra de reemplazo encubierto; para la oposición, simboliza la oportunidad de restaurar el equilibrio entre los poderes del Estado.
La ruta hacia los 87 votos, no obstante, sigue siendo empinada. Los analistas del Instituto de Estudios Peruanos señalan que la fragmentación del Congreso dificulta cualquier aritmética política estable. La aprobación de la vacancia depende tanto de las alianzas formales como de los acuerdos informales que suelen emerger en la antesala de las sesiones plenarias. A diferencia de crisis previas, el actual contexto combina desgaste presidencial, presión social y un creciente descontento institucional.
Fuentes diplomáticas consultadas por medios europeos advierten que la posibilidad de una nueva vacancia presidencial podría afectar la percepción de estabilidad del país ante inversionistas y organismos multilaterales. Desde Bruselas, observadores de la Unión Europea han insistido en que el respeto al marco constitucional es esencial para evitar una nueva ruptura democrática, mientras que expertos en Washington destacan el deterioro de la confianza pública hacia el sistema político peruano.
En el plano interno, la incertidumbre domina la escena. Si la vacancia se aprueba, el nuevo mandatario interino tendrá la obligación constitucional de convocar elecciones generales en un plazo inmediato. La transición debería garantizar neutralidad y continuidad administrativa, aunque las experiencias pasadas del país dejan un margen de duda sobre la posibilidad de que el proceso derive en una nueva pugna de poder.
El caso de Dina Boluarte no es un episodio aislado. Desde 2016, el Perú ha visto desfilar seis presidentes, tres destituciones y un número creciente de mociones de censura y disoluciones legislativas. El desgaste no solo se percibe en las élites políticas, sino también en una ciudadanía que observa con fatiga un ciclo de crisis repetido.
El desenlace de la moción no se medirá únicamente en votos. Su resultado marcará si el país logra consolidar una institucionalidad capaz de sostener la democracia o si vuelve a caer en el espiral que ha convertido a la vacancia en un instrumento recurrente del poder. El Congreso decidirá no solo el futuro de una presidenta, sino la credibilidad de un sistema que parece vivir en estado de excepción permanente.
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