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Elon Musk se ve acorralado con la prohibición de X en Brasil

by Phoenix 24

Menos de dos años después de hacerse cargo de Twitter, ahora XElon Musk ha conseguido que la empresa pierda el acceso a su tercer mayor mercado y, al parecer, a más de 40 millones de usuarios. Y a pesar de sus fanfarronadas en internet, parece haberse arrinconado a sí mismo.

La decisión de Brasil de bloquear X es la culminación de un conflicto en curso entre Musk y el Tribunal Superior Electoral (TSE) del país, una corte especial dirigida por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien emitió órdenes de retirada de contenidos que considera una amenaza para la integridad de sus elecciones. Musk y X se negaron a cumplirlas, permitiendo que cuentas acusadas de difundir discursos de odio y desinformación permanecieran en la plataforma, una medida que acabó desencadenando la prohibición.

Starlink también quedó en el punto de mira

El tribunal congeló los activos de la otra empresa de Musk, diciendo que formaba parte del mismo “grupo económico” que X, para su posible uso en el pago de multas adeudadas por la red social. Cuando el bloqueo entró en vigor el lunes, Starlink permitió a sus clientes (más de 250.000 personas, según la empresa) eludir la prohibición de X utilizando su conexión a internet por satélite. Tras la resistencia inicial, Starlink dio marcha atrás y declaró que cumpliría la prohibición. Los expertos que han hablado con WIRED destacan que, cada vez más, parece que Musk se pasó de la raya.

“Creo que se está dando cuenta de que los brasileños no van a salir a la calle porque se suspenda X”, indica Nina Santos, investigadora del Instituto Nacional Brasileño de Ciencia y Tecnología para la Democracia Digital. “Las instituciones brasileñas no van a dar marcha atrás solamente porque Musk diga groserías en internet”.

En respuesta a una solicitud de comentarios, un portavoz de X dirigió a WIRED a un post del equipo de Asuntos Globales de la plataforma: “A nuestros usuarios en Brasil y en todo el mundo, X mantiene su compromiso de proteger su libertad de expresión“, reza en parte el post.

Mientras tanto, Musk ha seguido enfrentándose al tribunal. La semana pasada, publicó una imagen de Moraes entre rejas, aparentemente generada por inteligencia artificial (que luego fue borrada), con el texto que la acompañaba alegando: “Un día, Alexandre, esta foto tuya en la cárcel será real”, y otra comparándolo con el villano de Harry Potter, Voldemort.

Hay límites, también para Elon Musk

“Desde abril, ha estado jugando con la imagen de Moraes, la legitimidad del Tribunal Supremo, y ha escalado de forma problemática”, alega Bruna Santos, investigadora y activista de la coalición de la sociedad civil Coalizão Direitos na Rede en Brasil. “Era plenamente consciente y sabía cuáles serían las consecuencias”.

Los empleados se apresuraron a evitar una crisis legal cuando Musk se hizo cargo de Twitter en 2022, pocos días antes de las elecciones presidenciales de Brasil. La compañía recibió un decreto de consentimiento del poder judicial, advirtiéndole de que si no cumplía sus promesas de mantener las salvaguardas en torno a las elecciones, corría el riesgo de ser bloqueada. En aquel momento, el entonces presidente del país, Jair Bolsonaro, y sus partidarios supuestamente difundieron desinformación sobre la seguridad de las elecciones del país para poner en duda los resultados. Musk había prometido dar marcha atrás en las políticas de moderación de contenidos de la empresa y prometió una especie de “absolutismo de la libertad de expresión” que, en la práctica, ha permitido que el discurso del odio y la desinformación fluyan libremente en la plataforma.

Sin confianza ni seguridad

En aquel momento, el personal de confianza y seguridad, las personas encargadas de mantener fuera de Twitter los contenidos infractores, consiguió convencer a Musk de que mantuviera activas las salvaguardias de la plataforma durante las elecciones. Pero menos de una semana después, la mayoría de ellos fueron despedidos junto con casi el 50% de la plantilla de la empresa en la primera oleada de despidos.

Como parte de su esfuerzo por hacer de X una batalla campal de la libertad de expresión, Musk restableció las cuentas de influencers de extrema derecha como Allan dos Santos, que huyó de Brasil en 2020 para evitar ser investigado por difundir desinformación. Después de que Bolsonaro perdiera las elecciones, algunos de sus partidarios asaltaron la legislatura brasileña el 8 de enero de 2023 y, desde entonces, el TSE ha estado investigando los acontecimientos que condujeron a la insurrección. Cuentas como la de dos Santos fueron blanco de una investigación del TSE iniciada en abril y fueron objeto de órdenes de retirada del tribunal.

Musk ha comparado a Moraes con un dictador, alegando que el tribunal está forzando la censura. (Musk, sin embargo, ha acatado sin rechistar órdenes de bloqueo en lugares como Turquía e India, donde se han utilizado para censurar a periodistas y a la oposición).

Y aunque Ivar Hartmann, profesor asociado de Derecho en el Instituto Insper de Educación e Investigación de São Paulo, alega que Moraes ha extendido el poder del tribunal a nuevos niveles (y posiblemente preocupantes), advierte que también es importante distinguir entre una democracia con reglas diferentes y una dictadura.

Moraes controversial

En 2019, el tribunal del TSE de Brasil lanzó una investigación sobre noticias falsas, encabezada por Moraes. Desde entonces, se ha convertido en una figura controversial. Algunos lo ven como defensor de la democracia del país; a otros, como Hartmann, les preocupa que haya acumulado demasiado poder.

“Esto no es Venezuela [donde los observadores internacionales aseguran que el presidente Nicolás Maduro amañó las elecciones de julio]”, dice. “Incluso si quisieras argumentar que el tipo de órdenes judiciales que hemos visto en relación con las plataformas de medios sociales en Brasil en los últimos dos o tres años son chocantes, con lo que estaría de acuerdo, no ves a [Mark, CEO de Meta] Zuckerberg entrando en línea y criticando abiertamente a los tribunales y negando el cumplimiento de las órdenes judiciales en Brasil.”

Nina Santos apunta que incluso si hay críticas válidas sobre el enfoque que Moraes ha tomado, Musk debería cumplir con la orden judicial y argumentar contra ellas en los tribunales más tarde. “Podemos discutir las decisiones tomadas por el tribunal brasileño, pero no si Musk debe cumplir con el tribunal brasileño o no.”

La respuesta de Musk a la orden judicial fue incumplir a continuación otra ley brasileña. Como muchos otros países, Brasil exige que determinadas empresas internacionales designen un representante en el país con el que el gobierno pueda ponerse en contacto y, en algunos casos, responsabilizarle de los incumplimientos de la ley por parte de la empresa. India, Vietnam, Turquía y Rusia tienen leyes similares.

No hay X en Brasil

En este punto, Musk ha agotado la mayoría de las vías de escalada con el poder judicial. Y aunque sacó a los empleados de SpaceX de Brasil, ya ha dado muestras de flaquear, al menos en lo que respecta a Starlink. Brant refiere que es poco probable que Starlink sufra más consecuencias mientras se mantenga dentro de los límites de la legislación brasileña.

El 19 de agosto, X anunció que cerraba su oficina después de que su representante en el país fuera amenazado con penas de prisión por incumplimiento de las órdenes del TSE. Al cerrar la oficina, X también violaba repentinamente las leyes de localización de Brasil. Según João Brant, secretario de política digital de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil, la suspensión era inevitable. “En una situación en la que una persona como Musk intentaba elegir las órdenes que acataría, era necesaria”.

“Esperamos que [X] cumpla las sentencias judiciales para que se pueda restablecer el servicio”, comenta. “No estamos contentos, pero creemos que la responsabilidad es de Musk”.

Su última esperanza puede ser una impugnación del bloqueo presentada por algunos políticos conservadores del país. El jueves, el juez brasileño Kassio Nunes Marques dictaminó que los 11 magistrados del Tribunal Supremo del país tenían que decidir si la plataforma debía seguir suspendida (Moraes había dictaminado inicialmente en solitario, y luego una selección más reducida de jueces confirmó su decisión). (W).

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