Mario López Ayala, PhD
En el corazón de Sinaloa, el eco de la violencia resuena como un recordatorio constante de la guerra no declarada entre los cárteles de “Los Chapitos” y “Los Mayos”. Culiacán y Mazatlán, epicentros de esta lucha encarnizada, enfrentan un deterioro social y económico alarmante. Mientras tanto, la respuesta del gobernador Rubén Rocha durante su tercer informe de gobierno ha desatado una controversia que, más allá de las palabras, refleja la desconexión de la política estatal con las necesidades apremiantes de su ciudadanía.
La negativa del mandatario a comprometerse con la gestión de apoyos para familias afectadas por la violencia, como la condonación del pago de servicios básicos, bajo el argumento de que sería “irresponsable”, evidencia una postura que parece más enfocada en proteger una imagen política que en enfrentar la realidad. ¿Es irresponsable luchar junto a los sectores vulnerados, encabezar gestiones para la reactivación económica o admitir que Sinaloa atraviesa una crisis profunda? O, más preocupante aún, ¿es el “no pasa nada” un mantra adoptado desde el blindaje gubernamental para negar la existencia de una guerra que ya se ha cobrado demasiadas vidas?
La Realidad en Números y Testimonios
En Sinaloa, los números no mienten. En los últimos tres meses, los enfrentamientos armados han dejado cientos de muertos, desaparecidos, negocios cerrados y familias en duelo. El miedo se ha normalizado: salir de casa implica estar preparado para lo peor, como reconoció el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, en un comentario que roza la indiferencia oficial.
A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno estatal insiste en minimizar la crisis. Mientras las escuelas son “blindadas” para garantizar un mínimo de seguridad, los caminos hacia ellas permanecen vulnerables. Los mercados locales funcionan, pero con propietarios que enfrentan ventas mínimas y cierres inminentes. El contraste entre la realidad de las calles y la narrativa oficial alimenta la percepción de un gobierno desconectado, refugiado en una burbuja de seguridad proporcionada por vehículos blindados y operativos militares.
La Economía en Ruinas
La violencia ha devastado el tejido económico de Sinaloa. Empresas grandes y pequeñas enfrentan pérdidas insostenibles, mientras que los grandes empresarios, tradicionalmente aliados del poder, se han distanciado del gobernador. La ausencia de figuras como Agustín y Enrique Coppel en el informe gubernamental no pasó desapercibida, al igual que la notable falta de participación de líderes empresariales y políticos clave. Martha Reyes, líder de COPARMEX en Sinaloa, resumió el sentir colectivo: “El gobernador no se deja ayudar”. Esta declaración no solo es un llamado de atención, sino un recordatorio de que la inacción gubernamental está costando más que vidas; está condenando a Sinaloa a un colapso económico.
¿Gestión o Irresponsabilidad?
La postura del gobernador Rocha ante la solicitud de la diputada priista Paola Gárate para condonar servicios básicos a las familias afectadas deja una pregunta en el aire: ¿es una petición realmente irresponsable? Bajo el modelo de la 4T, donde el enfoque está en entregar apoyos directos, cualquier gestión que no entre en ese esquema parece ser desestimada. Sin embargo, la economía sinaloense necesita algo más que discursos y despensas. Requiere liderazgo, compromiso y estrategias claras para restaurar la confianza de los sectores productivos y de la ciudadanía en general.
Negar Desde el Blindaje
El informe del gobernador Rocha dejó claro que su estrategia es negar desde el blindaje. Rodeado de soldados y helicópteros, con balaceras resonando en las cercanías del Congreso, el mensaje fue contundente: “No pasa nada”. Pero sí pasa. Pasa que las familias lloran a sus desaparecidos, que los negocios cierran sus puertas y que la gente vive con miedo. Pasa que la economía se desploma y que los líderes locales pierden la fe en su gobierno.
¿Qué sigue para Sinaloa?
La reunión de dirigentes empresariales en el Congreso local, a la que solo asistieron dos legisladores federales priistas, evidencia una fractura política que amenaza con empeorar la crisis. Mientras tanto, la delegación sinaloense planea buscar apoyo en Ciudad de México, reconociendo que el gobierno estatal no está dispuesto o no es capaz de liderar la recuperación. La pregunta es: ¿será suficiente?
La crisis en Sinaloa es un espejo de los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Resolver este conflicto no solo requiere fuerza militar, sino también una visión integral que incluya la reconstrucción económica y el fortalecimiento del tejido social. El gobernador Rocha, y en última instancia el gobierno federal, deben decidir si enfrentarán esta guerra con todas sus consecuencias o si seguirán negándola desde el confort del blindaje.